Marchena, 16 de Enero.
La Audiencia Nacional, finalmente, ha fallado a favor del Ayuntamiento de Marchena en el litigio sobre las murallas almohades de la ciudad y obliga al Ministerio de Fomento a pagar íntegramente la subvención de 492.874,20 euros acordada en 2011 en el seno de la comisión del programa del uno por ciento cultural.
El 21 de octubre de 2011, a un mes de las elecciones generales, la comisión mixta constituida entre los ministerios de Fomento y Cultura para el programa del uno por ciento cultural, que destina ese porcentaje del presupuesto del Ministerio de Fomento a la recuperación del patrimonio histórico, acordó librar 492.874 euros para la primera fase del proyecto de restauración de la muralla almohade de Marchena, que consistía en labores de restauración en cuatro lienzos de muralla y cinco torres de un tramo de 132 metros del perímetro amurallado de Marchena, cuyo casco histórico cuenta desde 1996 con la declaración de Conjunto Histórico Artístico.
El propio Ministerio de Fomento, en el comunicado informativo emitido en aquellos días sobre esta intervención, señalaba que este tramo del recinto amurallado de Marchena "presenta un estado de conservación muy malo, con importantes grietas y fisuras y situaciones serias de desplome, mostrando una importante erosión de su superficie".
Pero el 20 de septiembre de 2012, tras la llegada del PP al gobierno central, el Ministerio de Fomento comunicaba al ayuntamiento de Marchena que dicha subvención no sería materializada dado que el V acuerdo de colaboración interministerial relativo al programa del uno por ciento cultural estaba siendo objeto de "revisión", toda vez que la "coyuntura presupuestaria" obligaba a cursar una nueva convocatoria con "nuevos requisitos y criterios a la hora de seleccionar las actuaciones".
El Ayuntamiento de Marchena decidió impugnar esta decisión ante la Audiencia Nacional, la cual emitió el 26 de diciembre de 2013 un auto en el que ordenaba, como medida cautelar, que el Estado "abone al Ayuntamiento de Marchena o consigne a este tribunal" los citados 492.874 euros, siempre a la espera de la resolución definitiva del litigio.
El pasado 19 de julio, no obstante, la muralla sufrió un sorpresivo y alarmante desprendimiento, sin que el citado auto hubiera recibido cumplimiento, ni el dinero abonado al Ayuntamiento o consignado a la Justicia. El alcalde remitió, entonces, cartas a diferentes altas instancias, como la presidenta de la Junta, el presidente del Gobierno e incluso el rey, reclamando "apoyo".
Ante estado de cosas y la evidente degradación de la muralla, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía autorizó a realizar una actuación de emergencia destinada a evitar desprendimientos, por un valor de 20.000 euros, financiados por La Diputación de Sevilla. Actuación que el ayuntamiento había previsto comenzar el pasado 17 de septiembre de 2014 con la apertura del procedimiento de contratación, para posteriormente abordar las obras a finales de ese mismo mes, pero que hasta el día de hoy no ha llegado a materializarse.
En octubre de 2014, por fin, el Consejo de Ministros autorizó el dinero para cumplir la medida cautelar de la Audiencia Nacional, tras lo cual el alcalde advertía de que el Ayuntamiento no podría usar este dinero "hasta que exista una sentencia firme".
Pues bien, a través de una sentencia fechada el 19 de diciembre y que hemos conocido hoy, la Audiencia Nacional ha puesto punto y final al litigio. La sentencia, contra la que no cabe interponer recurso, declara el "derecho a que por parte de la administración demandada le sea satisfecha la cantidad de 492.874 euros", porque "la subvención se aprueba por la comisión mixta, en el seno de un programa vigente, y se concreta una anualidad, 2011", desestimando las tesis de la Abogacía del Estado y dándole la razón al Ayuntamiento de Marchena.
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